El CONTROL DE LOGICIDAD EN LA CASACIÓN
Por Sara Braithwaite Gadea*
SUMILLA: 1. INTRODUCCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 2. ANÁLISIS DEL CASO. 3. CONCLUSIONES. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. INTRODUCCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
Etimológicamente la palabra casación, la encontramos en el verbo latino “cassare” que significa “quebrar”, “anular”, “destruir”, etc. Y en sentido figurado equivale a “derogar”, “abrogar”, deshacer”, etc. En un sentido restringido y de acuerdo a los usos forenses, “casar” significa “anular”, “invalidar”, “dejar sin efecto”, etc. (CASARINO, 1984, Tomo IV: 273).
El recurso de casación es aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por la Ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal (Corte Suprema de Justicia) revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en revisión por las Cortes Superiores (sentencias y autos que pongan fin al proceso) o las sentencias de primera instancia, en el caso de la casación por salto, que infringen las normas de derecho material, la doctrina jurisprudencial, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.
En cuanto a su naturaleza jurídica diremos, en primer lugar, que el recurso de casación es un medio impugnatorio. Esta elección supone descartar su calidad de pretensión impugnatoria, la que solo podría ser reivindicada en el caso de un sistema casatorio que mantuviera fidelidad total al reenvío. Sin embargo, aquí apreciamos el primer rasgo excepcional del recurso de casación, esto es que siendo recurso y, por tanto, con efecto revocatorio, cuando se le interpone por razones de error in procedendo (vicio) produce únicamente efecto rescisorio. Esto significa que el recurso de casación es rescisorio o revocatorio, dependiendo de la causal o motivo invocados. Así, si bien en su origen se trató de una institución con facultad única y absolutamente rescisoria, fue derivando hacia la otra alternativa. A la fecha, podemos afirmar que el recurso de casación tiene naturaleza mixta, manteniéndose la primera facultad en atención a aquellos casos en los que al haberse invocado la existencia de un proceso con defectos insubsanables, no es posible que el órgano de casación expida un fallo sobre el fondo dado que el cauce (proceso) por donde discurre el río (pretensión material) está gravemente alterado.
En consecuencia, la casación es un medio impugnatorio, específicamente un recurso de naturaleza extraordinaria y con efectos rescisorios o revocatorios concedido al litigante a fin de que pueda solicitar un nuevo examen de una resolución respecto de situaciones jurídicas específicas, el que deberá ser realizado por el órgano máximo de un sistema judicial, a quien se le impone el deber de cumplir con los siguientes fines: cuidar la aplicación de la norma objetiva, uniformar la jurisprudencia y obtener la justicia al caso concreto.
El artículo 384º del Código Procesal Civil, marca con toda claridad las dos clásicas finalidades de la casación, esto es, por un lado la nomofiláctica es decir, la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo, y por otro lado uniformadora que implica la unificación de la jurisprudencia nacional, para que sea aplicada de un mismo modo en toda la jurisdicción.
Empero, si se hace un análisis especial, encontraremos como tercera finalidad de la casación, la denominada dimensión dikelógica, que apuntala a la “justicia del caso”.
Por ello se puede hablar de la finalidad trifásica de la casación, donde no solo se busca el control nomofiláctico y la uniformidad de la jurisprudencia, sino también la justicia del caso (función dikelógica), sobre todo considerando que el organismo que la resuelve, pertenece al poder judicial y cumple funciones jurisdiccionales.
Los fines deben funcionar en forma subordinada y armonizante, sin prevalencia de uno sobre otros, para evitar que las elongaciones produzcan, o un excesivo formalismo (si se le da prevalencia a la noción nomofiláctica) o a una lisa y llana “tercera instancia” si se le da prioridad a la función “dikelógica”, que tampoco resulta aconsejable.
Nuestro Código Procesal Civil, establece causales o motivos para poder interponer dicho recurso y es precisamente esa característica la que la diferencia de la apelación, pues aquella sólo tiene viabilidad en caso de que exista un motivo legal (o causal) por ende no es suficiente el simple interés - el agravio en el campo recursivo - sino que se precisa que el defecto o error que se le imputa al decisorio recurrido esté expresamente tipificado - objetivado - en la Ley.
Los vocablos motivo o causal, como bien señala Taboada Roca, no son utilizados de manera unívoca, sino que admiten por los menos tres significados, y para que proceda el recurso es preciso que se de, una justificación objetiva, que funcione como causal de casación, pre determinada en los códigos que puede comprender según los países errores in iudicando o in procedendo.
El artículo 386º de nuestro código adjetivo determina tres causales que son: “1. La aplicación indebida o la interpretación errónea de una norma de derecho material, así como de la doctrina jurisprudencial; 2. La inaplicación de una norma de derecho material o de la doctrina jurisprudencial; 3. La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o la infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.
Está incluida en el inciso 1. la causal de aplicación indebida del artículo 236º de la Constitución.
Conviene tener en cuenta que resulta inconveniente hacer distingos entre la “aplicación indebida”, “interpretación errónea” e “inaplicación”, porque puede conducir a un excesivo formalismo como aconteció en España, ya que a veces es difícil diferenciar técnicamente estas tres parcelas, por lo que es preferible unificarlas en un solo motivo, es decir, en el de infracción que abarca a todos y evita confusiones y frustraciones para los justiciables.
Luego de haber señalado en forma genérica los aspectos teóricos que enmarcan el recurso de casación en nuestro ordenamiento jurídico procesal, nos permitimos plantear el siguiente problema: ¿Nuestro Código Procesal Civil contempla dentro de las causales para la procedencia del recurso de casación el denominado error in cogitando o es una causal distinta no contemplada en dicho Código?
2. ANÁLISIS DEL CASO:
El problema propuesto nos lleva a plantear la siguiente hipótesis: el error in cogitando se encuentra inmerso dentro de la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso.
La hipótesis planteada nos lleva a analizar en primer término el llamado control de logicidad, que consiste en el examen que efectúa una Corte de Casación o un Tribunal Superior para conocer si el razonamiento que realizaron los jueces inferiores es formalmente correcto desde el punto de vista lógico. En otras palabras, se quiere controlar el cumplimiento de las reglas que rigen el pensar, esto es, se controlan los errores in cogitando.
En la doctrina argentina se señala, que por sobre las causales legales y antes que ellas -desde el punto de vista lógico- existen dos tipos de causales que no pueden soslayarse:
a) falta de motivación.
b) defectuosa motivación.
El primer tipo es bien claro y está previsto en la Constitución de la Provincia de Córdoba y en el Artículo 147 del Código de Procedimiento Civiles; el segundo se deriva del primero. En efecto, sería absurdo exigir que una sentencia sea motivada para que, después no se controle si ha sido correctamente fundamentada, aún desde el punto de vista lógico.
Cuando nos referimos al control de la logicidad para conocer si el razonamiento que realizaron los jueces inferiores es formalmente correcto, .al hablar de esta formalidad no nos referimos a aquellas exigencias de las leyes procesales o adjetivas. Si bien los juristas manifiestan que hay motivos “formales” cuando el defecto se produce por inobservancia de una exigencia procesal, los motivos formales a los que nos referimos en este momento, nada tienen que ver con las formulaciones legales positivas. Lo que produce una confusión es que a veces, las calidades se identifican, como cuando una prescripción exige que “la sentencia no contenga disposiciones contradictorias”. Esta norma legal no hace sino, evidentemente, positivizar una ley lógica. Por eso, cuando hemos hablado de motivos formales queremos significar que ellos surgen de defectos formales del razonamiento, en cuanto no se han observado las leyes del pensar.
En consecuencia, no sólo la sentencia tiene que ser fundada sino que debe ser, en primer lugar, bien fundada formalmente -lógicamente bien fundada-, esto es, que se muestre el itinerario del razonamiento para que se pueda controlar (por las partes o por el juez superior) si éste (el razonamiento) ha sido correcto y ha observado las leyes del pensar de acuerdo a las reglas fundamentales de la Lógica.
Ha existido resistencia a ejercer este control, principalmente apoyada en la autoridad de Calamandrei, quien negara a la insuficiencia, o defectuosa motivación, entidad suficiente para enervar la autoridad de la sentencia. Sin embargo, resulta absurdo que un jurista prefiera aceptar un error de razonamiento, convalidando un fallo mal fundado, a la posibilidad de corregirlo.
No se puede negar que, la dificultad invocada por Calamandrei existe: es muy difícil separar el contenido de la forma del razonamiento. Pero esa dificultad no nos parece razón suficiente para negar el control formal de logicidad.
De esta manera, la Jurisprudencia Cordobesa ha señalado que si tiene que existir el denominado Control de Logicidad, y que, es pasible de ser conocida por el Tribunal de Casación, desde el momento que ella vulnera “las formas y solemnidades”. Ello no significa, dilatar desmesuradamente la competencia funcional del tribunal de casación, pues señala que sería irracional no revisar una sentencia con anomalías de ese carácter.
En lo lógicamente incorrecto no entra en juego valoración alguna, ya que lo que se viola es la ley del pensar.
El control de logicidad, no debe ser aplicada como una nueva valoración de una prueba, ni una interpretación del derecho, se trata simplemente de establecer si ha existido violación de las leyes del pensar, que no admiten criterios valorativos.
Creemos que, en las “formas” es donde quedan incluidas las leyes del pensar. Cuando las “formas” han sido previstas por la ley procesal, cuya inobservancia es pasible de nulidad, la situación es simple y clara.
No obstante, surgirá una interrogante ¿Qué ocurre cuando el tribunal de mérito ha cometido un error lógico, ha razonado incorrectamente, y el caso no se halla previsto por la ley adjetiva? Se trataría de un caso “defectuosamente” fundado.
Si se viola el principio de identidad, por ejemplo, o se incurre en juicios contrarios o contradictorios, no habrá motivación o fundamentación correcta. Y en este terreno lo incorrecto deviene en ilegítimo, y por ende inválido.
Vélez Mariconde señala: ”Bien se ha dicho pues, que una motivación sólo aparente o ilegítima (“constituída por una serie de frases insignificantes o contradictorias” o basada en elementos de prueba no incorporados al proceso) vale tanto como falta de motivación, desde que la primera no justifica el fallo, y por ende, no satisface el mandato de la ley.
De lo señalado anteriormente podemos hacer las siguientes distinciones: a) si las frases son insignificantes hay una insuficiente motivación y se viola el principio de razón suficiente, lo que equivale a “falta de motivación”; b) si los juicios son contradictorios o contrarios, el problema atañe a las demás leyes lógicas y hay una motivación defectuosa.
Si hay insuficiente motivación se viola el principio de razón suficiente; si hay defectuosa motivación se violan otras leyes del pensar (contradicción, identidad, tercero excluido u otras leyes). Las situaciones son distintas: en el primer caso, es una cuestión de valoración - que puede ser subjetiva y objetiva- el llegar a conocer si la sentencia está suficientemente fundada o no; en el segundo caso, la situación es clarísima: se violó o no se violó alguna ley del pensar. Con relación a la tercera alternativa del párrafo citado, esto es, si el juez a-quo se ha basado en pruebas no incorporadas al proceso, el problema ya no cae en el ámbito de la lógica sino dentro del ordenamiento procesal (ley adjetiva).
Para abordar mejor el tema, es necesario referirnos brevemente a estos dos principios: El principio de razón suficiente y del tercero excluido.
Principio de Razón Suficiente: es el principio lógico rector para la motivación de la resolución judicial (lógica moderna).
Primero es determinante aclarar el término de “ motivacion”, ya que motivo viene de motivum que significa “ lo que mueve” o “algo que mueve”. En un primer momento, nos parece que se refiere más bien a la causa motivante (eficiente) o a la causa final, es decir a la razón por la cual el juez se decide por una tal solución. Pero el motivo es, antes que nada, la razón del acto, el conjunto de consideraciones racionales que lo justifica.
El motivo es siempre razón determinante que hace que la razón volente se incline por una decisión. En este sentido, también y siempre, es sinónimo de causa. Pero esa decisión ha sido lograda racionalmente, luego de una deliberación ( deliberación consigo mismo, en caso del juez, luego de escuchar a las partes) y su espíritu le mueve a producir esa resolución.
Por eso se distingue el móvil de motivo; dado que el móvil es netamente subjetivo y está cargado de emociones y deseos; en cambio el motivo, es adecuadamente racional y sólo se insinúa cuando ha habido deliberación, reflexión que no sólo explica sino que justifica la resolución ordenada. De ahí que el juicio pronunciado sea siempre un acto de la razón volente y no un fruto de la arbitrariedad.
Por su parte, el vocablo fundamento encierra un concepto más profundo. Mientras el motivo puede ser la simple corteza, el fundamento es siempre medular. Cuando decimos que hemos fundado algo o que hemos fundamentado algo queremos significar que hemos dado la razón, es decir, la razón suficiente de algo.
Ahora, podemos hablar del Principio de Razón Suficiente, y fueron los medievales los que ya pretendieron formular el principio de razón suficiente. Pero es preciso llegar a Leibniz ( 1646-1716) y señalar que éste pensador alemán que se ocupo también de los problemas jurídicos y de su tratamiento matemático escribió en su Monadologia que “ningún hecho puede ser verdadero o existente, y ninguna enunciación verdadera, sin que haya razón suficiente para que sea así y NO DE OTRO MODO”.
Desde entonces el principio de razón suficiente ha sido largamente estudiado. Es un principio ontológico pero es al mismo tiempo lógico.
Si todo lo que es puede ser pensado, la razón del ser es al mismo tiempo la razón del pensar: La lógica es coextensiva a la Metafísica. Y la necesidad que hace que tal sea tal ser y no otro, hace también que tal juicio sea de determinada manera y no de otra. En los juicios hay una conexión interna necesaria que hace que los conceptos se relacionen entre si.
La formulación leibniziana es de 1714, y casi un siglo después en 1813 Schopenhauer aportó nuevas y muy importantes aclaraciones. En efecto, en su tesis de “La cuádruple raíz del principio de razón suficiente” nos dice que es menester distinguir previamente a qué tipos de objetos se aplica:
a) Objetos físicos o materiales.
b) Ideas abstractas o universales.
c) Objetos de intuición pura ( espacio y tiempo)
d) Voluntades individuales.
Como vemos, Schopenhauer da un gran paso. Antes de aplicar el principio, es necesariamente menester verificar a qué tipos de objetos nos referimos, puesto que la justeza surge precisamente de ahí. Y es obvio que al analizar concretamente éste principio, nos interesa primordialmente, el cuarto tipo de objeto, es decir las voluntades individuales, en cuyo caso, el principio se enuncia así: hay siempre una razón por la cual alguien hace lo que hace. Ello corresponde al obrar humano, se refiere a la conducta humana, estando en el orden moral y, más precisamente, en el jurídico.
En el razonamiento judicial el objeto principal es la conducta humana; de ahí que el principio a aplicarse corresponda al obrar humano. Pero también es cierto que el juez motiva su sentencia y exterioriza sus razonamientos basado en el principio lógico de Razón Suficiente. Y pudiera ocurrir que haga referencia a algún fenómeno natural o metafísico, en cuya circunstancia también haría uso del principio referido a la física y a la matemática.
En resumen, el juez aplica en mayor medida el principio de razón suficiente cuyo objeto es el obrar ( conducta humana) por una parte, y el pensar por la otra.
Haber distinguido lo correcto de lo verdadero es gloria de los griegos. Y cuando ello ocurrió la lógica tuvo nacimiento. Pero cabe insistir: la formalidad de lógica, que nos impulsa hacia lo que es abstracto e ideal, no niega la realidad, antes bien, confirma la necesidad de las leyes que rige la corrección de los pensamientos.
En consecuencia una decisión está debidamente fundada cuando el orden adjetivo ha sido su base y las leyes del pensar ( escritas o no) han sido observadas.
Los motivos nos deben hacer conocer con fidelidad todas las operaciones del espíritu que han conducido al juez al dispositivo adoptado por él. Ellos constituyen la mejor, la más alta de las garantías, puesto que protegen al juez contra todo falso razonamiento que podría ofrecerse a su espíritu y a la vez contra toda presión que podría obrar contra él.
Los motivos son como los hitos que nos indican por donde ha seguido la ruta del pensamiento del juez.
El Derecho Contemporáneo ha adoptado el Principio de Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia de dicho principio en el acto intelectivo-volitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor, es decir, de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias, sino, también una garantía procesal por cuanto permite a los justiciables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación de las razones determinantes de la decisión del magistrado, decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarse como referente para la resolución de casos futuros. Por lo tanto, la observancia de la Razón Suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye también vigorosamente a la aplicación ( del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, corrobora a preservar la seguridad jurídica.
En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quién, cuándo, con qué, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial.
La infracción por omisión del Principio de Razón Suficiente y de los demás principios lógicos así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un “fallo” que se aparta en todo o en parte del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o la desnaturaliza.
Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa como es la de que la decisión resulte arbitraria , injusta.
Sin embargo, en todo caso, se debe tener en cuenta la prescripción constitucional para remediar cualquier omisión total o parcial del deber de motivar una resolución judicial, si el estadio procesal así lo permite.
Actualmente, cada vez se exige más. A medida que la complejidad de la vida moderna complica las situaciones jurídicas, es preciso ser más claros y poner a la luz la cara oculta de la sentencia, que siempre la tiene, ya sea porque no se explica lo obvio o por otras razones.
Principio del Tercero Excluido:
Entre los principios bivalentes existen:
- Principio de Identidad.
- Principio de no Contradicción Formal.
- Principio del tercero Excluido.
La aplicación del principio del tercero excluido consiste en decidir, aplicando la disyunción exclusiva, por una de las dos realidades, situaciones o formas del pensamiento categóricamente determinadas y antagónicas. Por lo tanto se puede afirmar que en dos juicios antagónicos no pueden ser ambos falsos.
La característica principal en la aplicación de este principio consiste en excluir toda solución intermedia en el caso dado. Aristóteles, en su libro de Metafísica Política, enfoca este principio afirmando que “No es posible que haya un término intermedio entre los dos términos de una contradicción, sino que es necesario afirmar o negar una cosa de otra cualquiera”.
La aplicación de este principio requiere una realidad predeterminada y rígida; de tal manera que, en ese caso un concepto, un juicio, una hipótesis o una teoría o es verdadero o es falso, no siendo de ninguna manera admisible un valor veritativo intermedio.
Como ejemplos directos de este principio están las siguientes interrogantes:
- ¿El vendedor actuó de buena fe o de mala fe?
- ¿Eres propietario del inmueble del que estamos tratando o no eres propietario de dicho inmueble?
- A y B se dicen : Solamente tenemos la siguiente alternativa, o contraemos matrimonio o nos separamos definitivamente.
Luego de definir estos principios, podemos señalar que, el temor al control de logicidad, es que en la práctica, los jueces no siempre saben distinguir los juicios de hecho de los juicios de derecho, pero ese temor no puede justificar el rechazo absoluto al control de logicidad.
Asimismo, Vélez Mariconde expresa “...considero, en definitiva, que si no es admisible una equiparación absoluta entre “falta de motivación” y “motivación defectuosa” ella debe reconocerse toda vez que el juzgador no observa en la sentencia las reglas de la sana crítica racional...”
Es, entonces, por vía de la sana crítica que Vélez Mariconde extiende los límites de este tipo de recurso más allá de la falta de motivación. Alcanza también lo que se ha llamado control de logicidad.
Toda vez que los vicios del razonamiento han sido determinantes en la sentencia que se impugna, y no existan otros fundamentos, independientes de los viciados, capaces de dar base legítima y justificar el fallo, se traduce en ausencia de motivación legítima de la sentencia, en causal de nulidad del acto jurisdiccional. Lo contrario si se permitiera corregir sin límites los vicios del razonamiento, cuando éste es defectuoso transformaría al tribunal de casación en uno de apelación.
Cabe analizar también los llamados pilares en que se base una teoría del razonamiento correcto, que se pueden resumir en dos principios:
a) Principio de Verificabilidad: La motivación del Juez, la fundamentación de la sentencia, debe expresarse de tal manera que pueda ser verificada. Esto es, los motivos deben ser claros y expresos, lo cual proscribe toda formulación manifestada en lenguajes oscuros, vagos y ambiguos o tácitos.
El llamado control de logicidad no autoriza al tribunal de casación a sustituirse en la actividad de los jueces de mérito para corregir o modificar las conclusiones extraídas del análisis de los hechos o de la interpretación del derecho material, pues ese cometido excedería los límites impuestos por la ley.
Los jueces tienen plena libertad de utilizar la construcción que sea más adecuada para expresar su pensamiento, al redactar las sentencias, pero esa libertad tiene un límite cual es, la obligación de ser claro y preciso en la enunciación del pensamiento cuando expresa la fundamentación de su decisión. Debe ser lo suficientemente claro y expreso como para que el lector pueda seguir el hilo (o los hitos) de su razonamiento, para que éste sea verficable, esto es, para que pueda ejercerse el control de logicidad,.
b) Principio de la Racionalidad: por otra parte, desde el punto de vista formal (lógico formal), la decisión debe ser fruto de un acto de la razón (de la razón volente en todo caso). Con ello se quiere decir que, la decisión no debe ser arbitraria, aún en lo formal. Debe conformarse con las reglas que rigen el pensar y de las que surgen de la experiencia cotidiana.
El caso BRACCO, dentro de la jurisprudencia cordobesa, reafirma el control de logicidad cuando señala que “Siempre es preferible creemos, ejercer ese control -limitado a las reglas lógicas y a las máximas de experiencia cuya observancia debe fiscalizarse- que correr el albur de cohonestar, mediante la cosa juzgada, fallos arbitrarios que resultarían sustraídos a la casación bajo la apariencia de una fundamentación solo formal.”
De ahí la delicada labor que significa para el Superior que ejerce el control, determinar la frontera donde debe detenerse. Para ello es bueno distinguir entre: a) examen de la motivación: b) y revaloración de la prueba. La primera está permitida, la segunda no. Y con relación a la primera, debe efectuarse sólo para comprobar la regularidad del juicio a la luz de los principios lógicos.
Lo antes citado, contiene también la irrecusable confirmación de lo que hemos llamado principio de verificabilidad que surge de diversas expresiones, como cuando dice que “... el juez está en la necesidad (deber procesal insoslayable) de hacer transparente el juicio lógico que lo ha conducido a la decisión adoptada” Y, a renglón seguido, insiste en la posibilidad de examinar el juicio lógico, ya que si esto no pudiera hacerse “aquella regla, la exigencia constitucional de motivar, se convertiría en una fórmula estéril, pues no habría forma de hacerla cumplir”.
En las Ejecutorias Supremas que seguidamente se mencionan, la Sala Casatoria hace suyo el denominado control de logicidad:
CAS. Nº149-2001 CAÑETE de fecha 10 de octubre de 2001 publicada en el diario Oficial El Peruano con fecha 2 de diciembre de 2002, en la cual, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República ha establecido en el considerando cuarto: “Que, la Sala de casación al conocer el vicio in procedendo denunciado, limita su competencia a las formas de la sentencia, dentro de cuyo concepto se incluye el examen de la motivación, pero únicamente al efecto de verificar si ésta existe como tal y si no adolece de vicios lógicos en su formulación o en el razonamiento del órgano de mérito, siendo procedente en esta sede el control de la razonabilidad del juicio judicial (error in cogitando), es decir, cuando la sentencia no está fundada en razones o lo está insuficiente, aparente o defectuosamente.”
CAS. Nº1449-2001 PIURA-TUMBES de fecha 22 de marzo de 2002 publicada en el diario Oficial El Peruano con fecha 2 de setiembre de 2002, en la cual la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, después de señalar que el recurso de casación se ha concedido por la causal del inciso 3 del artículo 386º del Código Procesal Civil, establece en el considerado tercero lo siguiente: “Que, por último, se observa que se ha cometido un error in cogitando, pues no es viable amparar simultáneamente la exclusión de nombre y la reconvención de filiación extramatrimonial, por ser ambas implicantes entre sí; que, resolver de esa manera resiente las reglas elementales del razonamiento lógico; que por ello, a la postre no se resuelve eficazmente el conflicto de intereses (…)”
CAS Nº2804-01 ICA de fecha 1º de agosto de 2001 publicada en el diario Oficial El Peruano con fecha 3 de diciembre de 2002, en la que, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, señala que el recurso se declaró procedente por la causal prevista en el inciso tercero del artículo 386º del Código Procesal Civil, por cuanto de acuerdo a lo dispuesto en la parte final del artículo 228º de la Ley 26702, la expresión del motivo de cierre de cuenta debe constar en el título valor, más no en documento aparte como erradamente concluyen las instancias de mérito, por lo mismo al no haberse calificado debidamente la cambial puesta a cobro, la que debe contener todos los elementos formales bajo pena de nulidad, en la impugnada se ha incurrido en error in cogitando por no guardar logicidad en su motivación.
Asimismo, la Sala Suprema expresa categóricamente en el considerando séptimo: “Que, consecuentemente ésta Suprema Sala considera que la impugnada ha contravenido las normas que garantizan el derecho a un debido proceso al no existir una adecuada motivación jurídica”, por ello consideramos que este pronunciamiento de la Sala da mayor sustento a nuestra hipótesis.
CAS. 664-02 LORETO de fecha 26 de agosto de 2002 publicada en el diario Oficial El Peruano el 3 de diciembre de 2002, en la cual, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República establece en el considerando quinto lo siguiente: “Que, por consiguiente, al expedirse la resolución de Vista de fojas 142, que revoca el auto de fojas 60, se ha incurrido en causal de contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, previsto en el inciso tercero del artículo 286º del Código Procesal Civil, evidenciándose defectos de razonamiento al expedirse el fallo.”
Consideramos que nuestra hipótesis de que el error in cogitando se encuentra inmerso dentro de la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, se ve corroborada con pronunciamientos reiterados en dicho sentido.
3. CONCLUSIONES:
(i) En principio podemos concluir que, motivar una resolución judicial consiste en explicar los hechos y el derecho que se aplica al caso concreto, sin bastar una mera cita de la norma ni con el simple encaje de los hechos en la misma, sino que ha de consistir en efectuar un razonamiento lógico, precisando por qué encajan, explicando con hechos y con el derecho por qué se llega a esa decisión.
(ii) Este principio permite que se materialice la tutela judicial efectiva y el cumplimiento del debido proceso, que exige, entre otros requisitos, que toda resolución sea razonada, motivada y fundada en derecho, ya que la omisión de éstas origina una falta de tutela, como la ausencia de motivación conduce a la arbitrariedad y la no “fundamentación” a una resolución expedida fuera del ordenamiento jurídico.
(iii) El motivar no sólo consiste en fijar jurídicamente una resolución, ya que ésta puede fundarse en derecho, citando muchas disposiciones legales y, sin embargo, carecer de motivación; es decir, no explica el enlace de esas normas con la realidad que se juzga, o una resolución igualmente, puede ser razonada y motivada, pero no hallarse fundada en derecho sino por ejemplo en principios puramente filosóficos. Por ello no es correcto, asemejar la motivación, a la sola aplicación del derecho, también es muy importante que se exponga lo que el juez da como probado, ya que dicha selección predetermina normalmente la solución jurídica y, además, porque la motivación de los hechos probados es un derecho fundamental del ciudadano, que forma parte del derecho al recurso, necesario para la efectividad del mismo.
(iv) Resulta una exigencia también, que se cite la medida pertinente aplicable al caso, explicando el enlace lógico y jurídico que existe entre lo expuesto y lo resuelto, para que así, por medio de dicha decisión, nos llevemos el convencimiento del porqué se solucionó de esa manera y no de otra (Principio de Razón Suficiente), y que a través de la resolución se nos muestre el propio convencimiento del juez, la explicación de los motivos dirigidos a las partes de cómo ha de explicar su decisión y las razones que llevaron a ésta.
(v) El principio de motivación de una resolución judicial busca, que el magistrado, al expedir un auto o una sentencia, realice un análisis exhaustivo sobre el caso concreto que resolverá, que esté razonado de acuerdo con el derecho, así como que se resuelva conforme a lo merituado, actuado y probado, y que sea de fácil entendimiento tanto para el letrado como para el no letrado.
(vi) La función del operador de justicia no puede consistir en que, en cada considerando repita los hechos expuestos por las partes y en otros cumpla con citar determinados artículos tipos, como a quién corresponde la carga de la prueba, en qué consiste la finalidad de la prueba, y que al fallar baste con citar una gama de artículos, sin que la resolución expedida sea de fácil entendimiento para las partes.
(vii) Por ello, el error in cogitando, en nuestro ordenamiento procesal se encuentra contemplado dentro de la causal de afectación del derecho al debido proceso, y se presenta cuando en una sentencia no se guarda logicidad en las motivaciones, es decir, cuando éstas no se apoyan en un proceso deductivo lógico.
(viii) Asimismo, concluimos que el control de logicidad es una facultad que tiene la Sala Casatoria para verificar si el razonamiento utilizado por el Juez o por el Colegiado Superior ha sido correcto desde el punto de vista lógico y no ha vulnerado las reglas del buen pensar.
(ix) El control de logicidad no se refiere en modo alguno a que la Sala Casatoria debe efectuar una nueva valoración de los medios probatorios, sino únicamente del razonamiento lógico jurídico efectuado por la instancia de vista.
(x) Por nuestra Constitución Política ( inciso 5 artículo 139º), la debida motivación de las resoluciones constituye una obligación y es un principio que debe observar todo magistrado en sus funciones, entendida ésta como el ejercicio que cumplen los jueces al impartir justicia, resolviendo incertidumbres y conflictos con relevancia jurídica y con igualdad de partes.
(xi) Finalmente, de lo expuesto se demuestra que, la norma constitucional, en concordancia con la procesal, exige que todo operador interprete y aplique las leyes dentro de lo racional o de lo razonable, que se pronuncie respecto al fondo de la cuestión que cada una de las partes en el ejercicio legítimo de sus derechos e intereses plantee ante los órganos judiciales.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Fernández, Raúl Eduardo.”Los Errores in Cogitando en la Jurisprudencia Cordobesa”. Tomado de “La Naturaleza del Procedimiento Judicial”. Editorial Alveroni. Córdoba. 1993. página 115 a 131.
2. Ghirardi, Olsen A. “Lógica de la Casación (errores “in cogitando”). En “Scritti in onore di Elio Fazzalari”. Milán. Giuffré Editore. 1993. Vol.III. p.p 481-506.
3. Ghirardi Olsen A. (1997) : El Razonamiento Judicial. Lima, Editado por la Academia de la Magistratura.
4. Hinostroza Minguez, Alberto: Medios Impugnatorios en el Proceso Civil. Doctrina y Jurisprudencia, Gaceta Jurídica, Editores, año 1999, p: 183.
5. Hitters, Juan Carlos. “La Casación Civil en el Perú”. En Revista Peruana de Derecho Procesal Nº 2 , Lima. Marzo de 1998. p: 421-441.
6. Monroy Gálvez, Juan. “Apuntes para un estudio sobre el recurso de casación en el proceso civil peruano”. En Revista Peruana de Derecho Procesal Nº 1. Lima, Setiembre de 1997. pp. 11-47.
CITAS AL FINAL DEL COMENTARIO
* Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Jefa del Área Académica de Derecho de Privado.
